En Francia, una empresa mediana procesa de media varios cientos de documentos contractuales al mes. Cada firma manuscrita implica un ciclo largo: impresión, envío postal o escaneo, seguimiento manual, devolución y archivo físico. Este proceso suele durar 5 días y cuesta entre 15 y 35 € por documento (papel, franqueo, tiempo de gestión administrativa).
La firma electrónica reduce ese ciclo a unas horas, sin desplazamientos, sin impresiones y sin riesgo de pérdida. Los firmantes reciben un enlace por correo, firman desde su teléfono u ordenador, y el documento firmado queda disponible de inmediato para todas las partes.
Más allá del ahorro de tiempo, la firma electrónica aporta una trazabilidad superior al papel: cada acción queda con sello de tiempo y registrada, haciendo imposible la impugnación de buena fe de la firma o de la fecha del compromiso.